El Juzgado 12 de Paz de El Salvador decretó este miércoles la detención de la abogada Ruth López, jefa de la Unidad Anticorrupción de Cristosal, caso que movimientos sociales califican de persecución política.

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De acuerdo con el corresponsal de teleSUR, Roberto Hugo Preza, el tribunal también declaró reserva total del caso, lo que impide el público a los detalles del proceso.

El decreto de la detención tiene lugar semanas después de su arresto inicial, el pasado 19 de mayo, cuando la Fiscalía, influenciada por el Gobierno de Bukele, la acusó de corrupción.

Tras ello, medios locales informaron que la abogada fue detenida en su vivienda a las 23H00 (hora local), en un operativo que Cristosal denunció como irregular, señalando que se realizó sin orden judicial y mediante engaños por parte de la Policía Nacional Civil.

Ante la injusticia, en los frente de los tribunales de San Salvador (capital), movimientos sociales se congregaron para mostrar su apoyo a Ruth López y rechazar la decisión judicial.

Según el reporte de Preza, las organizaciones presentes calificaron la detención como una medida política y no jurídica.

«El juzgado 12 de Paz decreto la detención de la abogada Ruth López […] movimientos sociales, se solidarizaron con la abogada y calificaron la decisión como política», señaló el periodista en su publicación en X.

Esta percepción coincide con declaraciones de expertos como el abogado constitucionalista Enrique Anaya, quien afirmó que el proceso contra López presenta «características de persecución política», incluyendo el cambio de imputación penal y la falta de a la defensa técnica, precisan otros medios locales.

Vale recordar que Ruth López es una figura reconocida en la defensa de los derechos humanos en El Salvador. Como jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, ha liderado investigaciones que expusieron irregularidades del Gobierno de Bukele, incluido el uso de fondos públicos para espiar a periodistas con el software Pegasus, fraudes en la Chivo Wallet y opacidad en el presupuesto estatal.

Su detención se enmarca en una serie de acciones del Gobierno de Bukele contra voces críticas: activistas y periodistas. Organizaciones como Human Rights Watch han expresado su preocupación por el caso, destacando el historial de la abogada en la denuncia de violaciones de derechos humanos y corrupción.

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