En los últimos meses, Estados Unidos vive un aumento preocupante de la represión contra las comunidades de migrantes y sus defensores. Tras las masivas redadas de inmigración en Los Ángeles, estallaron protestas que la istración Trump ha respondido con fuerza militar, incluyendo el despliegue de más de 700 infantes de marina y miles de de la Guardia Nacional.

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Protestas contra política antimigrante de Trump se extienden a diferentes ciudades de EE.UU.

El presidente estadounidense Donald Trump anunció su intención de invocar la Ley de Insurrección, una norma de 1807 que autoriza el uso de tropas federales para controlar disturbios internos. Este paso es visto como un avance autoritario que amenaza los derechos civiles y la soberanía de los estados. El gobernador de California, Gavin Newsom, ha denunciado la militarización ilegal de la ciudad y ha presentado una demanda contra la orden presidencial.

Las protestas, desde el pasado 6 de junio, no solo ocurren en California sino que se extienden a otros estados como Texas y Nueva Jersey, donde también se han producido arrestos a líderes políticos que defienden a los inmigrantes. En Wisconsin, un juez, y en Newark, un alcalde, han sido detenidos acusados de obstruir las operaciones migratorias federales.

La istración Trump insiste en criminalizar a los manifestantes y líderes locales, mientras despliega un discurso que busca justificar el uso de la fuerza y la violación de las normas democráticas. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha mostrado su disposición a apoyar estas acciones, y las redes sociales oficiales del Pentágono han atacado abiertamente a los gobernantes de California, rompiendo con la pretensión de neutralidad política.

Este escenario responde a la estrategia de Trump de utilizar la inmigración como bandera principal de su campaña electoral de 2024, desde cuando promete deportaciones masivas y endurecimiento de las políticas migratorias. Frente a esto, la resistencia de los movimientos sociales y los gobiernos locales sigue firme, denunciando la represión y defendiendo los derechos de los migrantes.

La crisis actual muestra cómo el Gobierno Federal está dispuesto a sacrificar las libertades civiles y la autonomía estatal para imponer su agenda de miedo y exclusión, en un contexto que pone en riesgo la democracia y la justicia social en Estados Unidos.

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