La defensa de Cristina Fernández de Kirchner continúa a la espera de una respuesta respecto a la solicitud de prisión domiciliaria presentada. Tras conocerse el fallo que la condenaba, Cristina solicitó cumplir su condena en prisión domiciliaria, respaldada por su edad, su rol como exjefa de Estado y razones de seguridad, tras haber sido víctima de un intento de magnicidio aún impune.

Su defensa planteó que encarcelarla sería incompatible con estándares internacionales y pidió que todos los trámites se realicen por Zoom, como ocurrió durante gran parte del juicio. Pidió garantizar sus derechos como expresidenta y cuestionó la presión de varios fiscales para detenerla de inmediato.

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El juez Jorge Gorini ordenó un informe socioambiental en su domicilio y pidió opinión al fiscal Diego Luciani, quien exigió la detención inmediata. El plazo judicial para que los condenados se presenten en el edificio de los tribunales federales Comodoro Py vence el miércoles 18 de junio. La defensa también solicitó que no se le imponga tobillera electrónica, argumentando que siempre estuvo a derecho y que el pedido no representa un privilegio.

Mientras tanto, los fiscales Luciani y Sergio Mola presentaron un recurso contra el plazo otorgado por el juez, al que acusan de actuar de forma “discrecional”. Estos exigen ejecutar ya la sentencia, pese a que no identifican riesgos procesales concretos. La presión fiscal es vista como parte de una ofensiva política que revive las denuncias de lawfare contra la exmandataria.

Durante los tres años que ha durado el juicio, ambos fiscales habían tenido una actuación que podría considerada prudente. Sin embargo, después de un viaje a Estados Unidos, sorprendieron con un alegato de nueve audiencias, orientado a dar espectáculo mediático y judicial y a mencionar pruebas inexistentes que no se habían presentado con anterioridad. Poniéndose de manifiesto así que el famoso plan Cóndor contra la soberanía de los pueblos latinoamericanos renace en el presente en distintas formas.

Desde el entorno cercano aseguran que Cristina está tranquila y trabajando, consciente de que su sola presencia en tribunales podría desatar una nueva ola de apoyo popular. La decisión del tribunal será clave no solo para su situación personal, sino también para el debate sobre el uso de la justicia como herramienta de persecución política en América Latina.

En tanto, cada día se suman más declaraciones de rechazo a la condena. Recientemente la Federación Argentina de Municipios (FAM) calificó la ratificación de la condena contra Cristina Kirchner como «la pieza final de una maquinaria que se puso en marcha hace años para disciplinar a quien se atrevió a transformar la Argentina».

En ese sentido, el documento firmado por más de 500 intendentes descalificó la decisión de los tres integrantes de la Corte Suprema que tuvieron la última palabra, y advierten que «proscribir a Cristina es proscribir la democracia que nace de la voluntada mayoritaria».

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