La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México manifestó su firme desacuerdo con el dictamen emitido por la Suprema Corte de Estados Unidos, que concede inmunidad a los fabricantes de armas al amparo de la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA).

En tal sentido, la SRE reiteró que continuará combatiendo el tráfico de armas y exigiendo responsabilidades a quienes permiten que este flujo de armamento fomente la violencia por parte de grupos delictivos que atentan contra la paz y la seguridad de los mexicanos.

En un comunicado, el organismo ratificó que utilizará todos los recursos legales y diplomáticos a su alcance para poner freno al tráfico ilícito de armas

La Corte Suprema estadounidense justificó su decisión argumentando que no se comprobó que las empresas facilitaran el tráfico ilegal de armas.

“La demanda de México no alega de manera plausible que los fabricantes de armas acusados ayudaron e instigaron las ventas ilegales de armas de fuego por comerciantes a los traficantes mexicanos”, puntualizó la jueza Elena Kagan, autora del reciente fallo.

En este sentido, se revoca la luz verde previa emitida por un de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos que determinó, en enero de 2024, que México podía proceder porque expuso de manera suficiente que «los demandados ayudaron e instigaron el tráfico ilegal de sus armas hacia México»

LEA TAMBIÉN:

México exige a EE.UU. responsabilizarse con detención de venta de drogas y tráfico de armas

La demanda en cuestión, que finalizó el pasado jueves con el fallo de la Suprema Corte, fue interpuesta por México en agosto de 2021 ante un juez de distrito en Boston, Massachusetts.

Pese a este revés, la decisión de la Suprema Corte no afecta la segunda demanda presentada por México en 2022 en Tucson, Arizona contra cinco tiendas distribuidoras de armas. Esta demanda sigue su curso y se encuentra actualmente en la etapa de presentación de pruebas.

México ha logrado posicionar este tema no solo en el ámbito bilateral, sino también a nivel multilateral, a través de la resolución 2616 del Consejo de Seguridad de la ONU en 2021. En esta misma línea, se encuentra a la espera de la opinión que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este tema.

EN ESTA NOTA: