La decisión responde a la persecución registrada durante las protestas pacíficas que rechazan la Ley 462, la apertura de la mina de cobre en Donoso y la firma del memorándum de entendimiento con Estados Unidos que vulnera la soberanía nacional.

Las protestas de los sindicatos y los movimientos sociales exigen la derogación de la Ley 462.

También rechazan la reapertura de la mina de cobre en Donoso y exigen la anulación del memorándum de entendimiento con EE.UU., lesivo a la soberanía nacional.

Según medios locales, los docentes serían puestos a disposición del Ministerio Público.

Cada vez más son los estudiantes trabajadores e indígenas que se revelan al régimen de Mulino y su escalada represiva.

«El pueblo Emberá de Arimae, ha sido objeto de represión donde un joven pierde su vida al recibir perdigones», denuncian desde una coordinadora indígena.

Los habitantes de Arimae denuncian que las acciones militares responden a órdenes directas del Gobierno Nacional y el Ministerio de Seguridad.

El arresto de las líderes indígenas ha sido calificada como arbitraria y una clara vulneración de los derechos de los pueblos originarios.

Denuncian que la Policía Nacional instaló un cerco represivo e impide ingreso comida y medicinas para la población.

Denuncian las amenazas contra el Estado de Derecho y condenan la violación a los derechos humanos.